A través de la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección General de Catastro, el Gobierno de Tucumán avanzó con la demolición de construcciones levantadas ilegalmente sobre tierras fiscales en la ribera del Río Salí, en la zona sur oeste del Puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán.
Según la Resolución N.º 156 de la DPA, durante inspecciones realizadas en el sector se constató la existencia de construcciones, loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales emplazadas dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico del Río Salí.
Mediante información obtenida del sistema GIS de la Dirección General de Catastro, se verificó que los terrenos ocupados no poseen padrón ni identificación catastral, determinándose que forman parte del dominio público provincial correspondiente al Río Salí.
Además, los informes técnicos de la DPA determinaron que las ocupaciones ilegítimas avanzaron sobre la línea de ribera del río, comprometiendo el normal funcionamiento hidráulico de la zona y poniendo en riesgo tanto a las personas que habitaban el lugar como a la infraestructura pública cercana, en especial en el Puente Lucas Córdoba.
Vale mencionar que la medida forma parte de la política de ordenamiento territorial y defensa del patrimonio público impulsada por la gestión provincial, mediante la aplicación del procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto N.º 3.664/1 (FE).
El operativo también contó con la participación del director Provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra, y personal policial, en el marco del trabajo coordinado entre los distintos organismos provinciales para recuperar el patrimonio público y garantizar el cumplimiento de la ley.