El fiscal bonaerense Germán Camafreitas imputó al empresario Leandro Camani y al concejal de Pilar Matías Yofe por presunta extorsión agravada, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia presentada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
La citación se realizó bajo los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de notificar formalmente a ambos sobre la imputación en su contra.
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por Tapia, quien sostuvo que, luego de negarse a habilitar autorizaciones vinculadas al sistema de cámaras de fotomultas en las inmediaciones del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), comenzó a recibir una serie de denuncias y acciones judiciales que, según su defensa, habrían sido parte de un mecanismo de presión.
En la causa, el empresario Leandro Camani es mencionado por testigos y por custodios del concejal Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en Pilar, como parte del entorno que mantenía contacto frecuente con el edil. Según los testimonios incorporados al expediente, ambos se reunían con regularidad y habrían intercambiado información vinculada a la AFA y al propio Tapia, que luego habría sido utilizada en denuncias presentadas contra la entidad.
La fiscalía investiga si existió un esquema en el que se habrían realizado exigencias previas seguidas de presentaciones judiciales como forma de presión o coacción. La hipótesis busca determinar si estas acciones formaron parte de una estrategia coordinada.
Entre los testimonios incorporados al expediente figura el de un periodista que declaró ante la fiscalía que Yofe le habría comentado que Camani aportaba fondos para sostener diversas actividades políticas y mediáticas, incluyendo el financiamiento de un espacio en un programa radial.
En otras declaraciones también aparecen mencionados el empresario de Morón Gustavo Ferreiro y el abogado platense Pedro Aribe, quienes habrían participado en reuniones vinculadas al armado político y financiero del concejal.
La causa continúa en etapa de investigación para determinar el alcance de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad de los involucrados.