La decisión del juez Diego Amarante de avanzar contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino detonó un efecto dominó que terminó con el fútbol argentino en pausa. Al citar a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, y dictarles la prohibición de salir del país, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 quedó en el centro de una controversia que excede lo estrictamente judicial.
El expediente se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por una supuesta omisión de retenciones superior a los 19 mil millones de pesos. La AFA rechaza la acusación y afirma que no hay deuda pendiente, además de remarcar que el planteo administrativo sigue su curso en la Cámara de Apelaciones. No obstante, el magistrado consideró que la gravedad de la pena prevista habilitaba la adopción de medidas restrictivas.
La respuesta institucional fue contundente. Los dirigentes de los clubes resolvieron suspender la fecha de la Liga Profesional y acompañaron la medida con un comunicado crítico hacia el organismo recaudador. El paro alcanzó a todas las divisiones y dejó en evidencia la magnitud del conflicto.
Amarante, de 51 años, forjó buena parte de su carrera en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se desempeñó durante tres lustros, incluyendo funciones como relator del ex camarista Eduardo Riggi. En diciembre de 2014 asumió como titular del juzgado penal económico que hoy lo tiene como protagonista de una causa de alto voltaje político, en un contexto de confrontación entre el Gobierno de Javier Milei y la dirigencia del fútbol.
En el plano deportivo, la prohibición de salida del país compromete la presencia de autoridades en eventos internacionales como el sorteo de la Copa Libertadores y la organización de la Finalissima en Qatar.
En los pasillos judiciales también se comenta su interés en concursar para regresar a la Cámara Federal de Casación Penal, donde se encuentran abiertas vacantes en la Sala III. En ese escenario aparece mencionado el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez.
A la par, su nombre surgió en actuaciones vinculadas al juez rosarino Gastón Salmain, procesado por presuntos delitos de cohecho y prevaricato, además de una investigación sobre líneas telefónicas que no estarían registradas a su nombre. Aunque esas cuestiones siguen bajo análisis, contribuyeron a potenciar la visibilidad de un magistrado cuya intervención en la causa contra la AFA desató una crisis con repercusiones políticas e institucionales.