Un tribunal tucumano empezó este martes un juicio contra 42 policías acusados por una huelga que comenzó el 8 de diciembre de 2013 y duró alrededor de 72 horas, dejando zonas liberadas en la provincia, lo que derivó en saqueos a comercios y supermercados, con muertos y heridos. En la primera audiencia, en la Sala III de la Cámara Conclusional Penal el tribunal integrado por Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas escuchó la acusación del Ministerio Público Fiscal y los planteos de los defensores de los acusados. Los imputados son Jorge Racedo, quien era jefe de Policía en aquel entonces, y los efectivos Eugenio Mamaní, Juan Luis Albarracín, Luis Orlando Vega, Franco Acuña, Omar Albarracín, Walter Angelis, Flavia Bedmar, Julio Lescano, Daniel Medina, Augusto Naranjo, Gabriela Albornoz, Víctor Ruesgas, Néstor Salinas, Cristian Zóttola, Omar Contreras, Marcelo Alderete, Federico Castro, Víctor Di Colantonio, Mario Galarzo y Diego Galván. Además están acusados Luis Herrera, Héctor Jaime, Marcelo López, Orlando López, Lucio Medina, José Molina, Richard Nadal, Daniel Narváez, Carlos Reyna, Manuel Reynoso, Ángel Romano, Adrián Ruiz, Sergio Hogas, Diego Herrera, Eduardo Rodríguez, Jorge González, Ismael Gómez, Franco Jerez, Pablo Pérez, Walter García y Diego Urquiza. En total son 42 imputados, pasados a disposición, a quienes se los acusa de los delitos de sedición agravada por su condición de agentes de la fuerza pública además de la ostentación de armas de fuego en condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego en concurso real, e incitación a la violencia colectiva contra la institución policial de la provincia de Tucumán. Se les imputa los delitos de impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad por pertenecer a la fuerza de seguridad, coacción agravada con el fin de obtener concesiones de los miembros del poder público provincial, partícipes necesarios además de los delitos de hurto calamitoso reiterado por conmoción pública agravado por resultar miembro de integrantes de las fuerzas de seguridad, robo calificado calamitoso reiterado por conmoción pública agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el juicio la acción pública está a cargo de los letrados Adrián Sollazo, Rafael Heredia Carreño y Gerardo Arch. El Gobierno de la provincia actúa como querellante representado por los abogados José María Molina y Santiago Luis Xamena, mientras que los imputados serán asistidos por cuatro defensores oficiales y diez particulares. Según la investigación, el 8 de diciembre de 2013 los integrantes de la Policía de Tucumán empezaron una huelga por un reclamo salarial que se extendió más de 72 horas, y en ese contexto se generó la desprotección contra los ciudadanos, por lo que, los delincuentes saquearon comercios y supermercados en distintos puntos de la provincia. Mientras, vecinos organizaron barricadas y usaban diferentes armas para defenderse, por lo que durante esos días se registraron personas heridas e incluso fallecidas. Las acciones que llevaron adelante los efectivos "puso en peligro de forma directa y grave a los poderes provinciales constitucionalmente instituidos y la paz pública, al generar en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando de este modo el orden público, implicando un verdadero alzamiento en armas contra el poder público provincial". La fiscal Adriana Giannoni, ahora jubilada, fue designada en ese entonces para investigar junto a Diego López Ávila, informó que los "sediciosos habían copado la subjefatura de Policía, punto clave en la actividad de la fuerza, ya que allí funcionaba el servicio 911, división central en esos tiempos en la prevención del delito". "Lo primero que resolvimos fue solicitar una orden de allanamiento, pero el pedido fue rechazado por el juez Víctor Manuel Pérez y cuando nos lo dieron porque insistimos, los sospechosos se retiraron del lugar", explicó y agregó que "nos dimos cuenta de lo que sucedía al observar a los uniformados aplaudir a las personas que circulaban para robar". Luego señaló que "no fue sencillo avanzar con nuestro trabajo", ya que cuando sucedieron los hechos "no existía el Equipo Científico de Investigación Fiscal, es decir, eran policías investigando a sus compañeros". Toda la investigación "se hizo bajo un clima de mucha tensión, fuimos amenazados y nos debieron asignar custodia. Lo mismo pasaba con los testigos, muchos de los que hablaron no dijeron todo por temor a sufrir represalias", sumó. El debate comenzó nuevamente hoy a las 9, al escuchar las palabras de los imputados en caso de que quieran prestar declaración y durante septiembre las audiencias tendrán lugar los martes, miércoles y jueves, de 9 a 13.
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