Debido a la sequía, el Ministerio de Economía declaró este viernes el estado de emergencia agropecuaria en la gran mayoría de Tucumán.
Para ser precisos, esta disposición comprende las explotaciones afectadas con cultivos de soja, maíz, poroto, sorgo, caña de azúcar, citrus, palta y la actividad ganadera en toda la provincia, con excepción de Tafí del Valle.
Dicha decisión se tomo luego del decreto provincial 1.084 del último abril, la cual declaró el estado por el lapso de un año, el cual luego fue analizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la cual recomendó la declaración y homologación del estado de emergencia.
De esta manera, rige ahora desde el 23 de marzo de 2023 hasta el mismo día de 2024, y los productores afectados tendrán que presentar certificado extendido por la autoridad competente de Tucumán (en el cual se comprende sus predios o explotaciones) para recibir los beneficios.
A su vez, el gobierno provincial remitirá el listado de los productores afectados a la Comisión, sumado a la copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
Mientras tanto, las instituciones bancarias del país, oficiales o mixtas, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores gocen de los beneficios.
¿Qué se realizará para asistir?
Dicha asistencia consta en la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas, hasta el ejercicio posterior a la finalización de emergencia.
Así, consiste en el diferimiento de los pagos del integrado del monotributo y de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y del Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa.
De esta manera, se podrá minimizar el 100% de los beneficios de la venta forzada de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina del balance impositivo de ganancias.
Además, se realizará la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados, y la deducción de balance impositivo de los beneficios derivados de las ventas forzosas de hacienda, con planes de facilidades de pago especiales otorgados por la AFIP.