La Corte Suprema rechazó un reclamo presentado por parte de los representantes de la Fundación Chocobar contra una de las denuncias impuestas en su contra por presuntas irregularidades emitidas por la Inspección General de Justicia (IGJ).
El máximo tribunal testificó la “caducidad de instancia” de un planteo de la fundación que lidera el policía bonaerense Luis Chocobar, quien fue condenado en primera instancia a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación por “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”.
La Fundación acudió hasta la Corte para denunciar las supuestas "falacias" y "falsedades" de la IGJ y pedir, con tal justificación, la "nulidad absoluta" de la denuncia, pero en su último acuerdo el máximo tribunal rechazó ese último recurso.
Los cuatro jueces de la Corte desestimaron la instancia tras el análisis de cuestiones formales procesales: "Habida cuenta que desde la última actuación del Tribunal encaminada a impulsar el procedimiento ha transcurrido un lapso superior al previsto, sin que la parte haya activado el trámite del recurso, corresponde declarar la caducidad de la instancia extraordinaria", justifica.
El fallo significa una virtual habilitación para la continuidad de la causa judicial por la denuncia de la IGJ sobre el funcionamiento de la Fundación Chocobar.
La IGJ denunció en 2021 penalmente a la Fundación luego de registrar presuntas irregularidades en su manera de financiamiento y administración de aportes y donaciones. "La resolución de la IGJ estableció radicar la correspondiente denuncia ante el fuero penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de quienes figuran como integrantes de Fundación Chocobar y formular la respectiva denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal", comunica el expediente.
La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, advirtió sobre "la realización de actividades desarrolladas por una aparente entidad de bien público, llevadas a cabo en un marco de extrema irregularidad, cuya autorización para funcionar no surgía otorgada", asimismo, la imputación añade que "tal situación impedía ejercer la función fiscalizadora de tales entes, que la ley había puesto a cargo del organismo mencionado".
Los representantes de la Fundación recurrieron la decisión de la IGJ ante la Cámara en lo Civil, denunciando que "deviene arbitraria e ideológica".
La Cámara Civil respaldó a la IGJ para formular la denuncia y explicó que, ante la detección de supuestas irregularidades en una de las entidades a las que debe controlar, está permitida para impulsar una causa judicial.