Un pastor que tenía a su cargo una iglesia, un comedor, un centro de rehabilitación y dos comercios en el barrio marplatense de Puerreydón será procesados por trata de personas en situación de vulnerabilidad y otros delitos. Así lo confirmó este viernes la Cámara Federal de Apelaciones de dicha ciudad balnearia.
El proceso judicial pesará sobre Roberto Luis Tagliabue, de 54 años, quien fue detenido el 3 de agosto del 2022 y está acusado de nueves casos de trata de personas con fines de explotación laboral, ocho casos de privaciones ilegales de la libertad y el ejercicio ilegal de la medicina por no cumplir con la autorización correspondiente para trabajar con problemas de consumo.
La Cámara Federal destacó que existía un denominador común entre las personas captadas y acogidas por el procesado: la situación de vulnerabilidad social, económica y de salud en que se hallaban en virtud del consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, la falta de oportunidades laborales y habitacionales, la edad, y la ausencia de vínculos familiares sólidos.
La resolución de la apelación por parte de la defensa del "pastor" estuvo a cargo de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, quienes confirmaron el procesamiento dictado en primera instancia por el titular del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, según se comunicó este este viernes desde el portal Fiscales.gob.ar
El 24 de agosto del año pasado, Inchausti resolvió condenar con prisión preventiva a Tagliabue y ordenó un embargo por $27millones , condenó con prisión preventiva y dispuso un embargo por $27 millones luego de considerarlo autor del delito "trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por ser ministro o autoridad de culto, por mediar engaño y amenazas, por el abuso de la situación de vulnerabilidad", del que resultaron víctimas al menos 9 personas.
De acuerdo con la investigación, las actividades eran llevadas a cabo en un radio de pocos metros de distancia, lo que facilitaba el control sobre las víctimas. También se le imputaron los delitos de comercialización de fauna silvestre (97 animales) y maltrato animal (154 animales), dado que en los allanamientos a las fincas señaladas se encontraron gran cantidad de animales.
Según la investigación, el "tratamiento ilegal" era ofrecido a través del Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones, denominado "Hogar" y "sería parte del mecanismo utilizado para captar y acoger personas vulnerables".
En las evidencias conseguidas en el allanamiento se secuestró un folio donde se encontraban las normas para acceder a la internación, como 45 días sin recibir visitas y el impedimento de contacto telefónico durante 3 semanas.
En base a testimonios, también eran 45 los días en que los jóvenes no podían salir del lugar y que no contaban con profesionales de la psicología y/o psiquiatría.
"La utilización de los oficios religiosos y de un falso programa para personas con consumos problemáticos no eran sino las pantallas para el sometimiento y la explotación laboral de las víctimas", se puede leer en el comunicado.
Los jueces de la Cámara Federal señalaron que los elementos recogidos durante la instrucción dan cuenta que el acusado sacaba provecho de su función como pastor de la iglesia y como autoproclamado director de un programa de rehabilitación de adicciones con el objetivo de atraer a jóvenes en situación de debilidad.
Una vez captados, el pastos los refugiaba a en el hogar situado frente a su vivienda y los explotaba laboralmente en la realización de diversas actividades sin paga alguna, a saber: mantenimiento y limpieza de la iglesia y del hogar, atención del almacén 'Lo de Sandra'; atención de la forrajería que funcionaba en la planta baja del hogar de rehabilitación.
Además, según se informó, las víctimas estaban obligadas a realizar trabajos como venta ambulante de productos (algunos de los cuales eran donaciones); trabajos de albañilería y mantenimiento para vecinos del barrio.